Derecho escrito y no escrito
Los romanos dividían su derecho en jus scriptum (derecho escrito) y jus non scriptum (derecho no escrito). Por «derecho no escrito» entendían la costumbre; por «derecho escrito» se referían no sólo a las leyes derivadas de la legislación sino, literalmente, a las leyes basadas en cualquier fuente escrita.
Existían varios tipos de derecho escrito, el primero de los cuales consistía en las leges (lex en singular), o promulgaciones de una de las asambleas de todo el pueblo romano. Aunque las clases más ricas, o patricios, dominaban estas asambleas, el pueblo llano, o plebeyos, tenía su propio consejo en el que se promulgaban resoluciones llamadas plebiscita. Sin embargo, sólo después de la aprobación de la Lex Hortensia en el año 287 a.C., los plebiscitos pasaron a ser vinculantes para todas las clases de ciudadanos; a partir de entonces, los plebiscitos se denominaron generalmente leges junto con otras promulgaciones. En general, la legislación fue una fuente de derecho sólo durante la república. Cuando Augusto César instauró el imperio en el año 31 a.C., las asambleas no dejaron de funcionar de inmediato, sino que su asentimiento a cualquier propuesta se convirtió en una mera ratificación formal de los deseos del emperador. La última lex conocida fue aprobada durante el reinado de Nerva (96-98 a.C.).
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La primera y más importante legislación, o cuerpo de leges, fueron las Doce Tablas, promulgadas en 451-450 a.C. durante la lucha de los plebeyos por la igualdad política. Representó un esfuerzo por obtener un código escrito y público que los magistrados patricios no pudieran alterar a voluntad contra los litigantes plebeyos. Poco se sabe del contenido real de las Doce Tablas; el texto del código no ha sobrevivido, y sólo se conservan algunos fragmentos, recogidos de alusiones y citas en las obras de autores como Cicerón. De los fragmentos se desprende que se trataron numerosas materias, entre ellas el derecho de familia, el delito (agravio, u ofensa a la ley) y el procedimiento judicial.
El desvelamiento de las Doce Tablas, una colección de leyes romanas que fueron escritas por la insistencia de los plebeyos, 450 a.C.
Un segundo tipo de ley escrita consistía en los edictos, o proclamas emitidas por un magistrado superior (pretor) sobre asuntos judiciales. El cargo de pretor se creó en el año 367 a.C. para hacerse cargo de la creciente labor jurídica que afectaba a los ciudadanos; posteriormente, se creó un pretor independiente para tratar con los extranjeros. Al tomar posesión de su cargo, el pretor emitía un edicto que constituía, de hecho, el programa de su año de mandato. Los ediles curules, que eran los magistrados responsables del cuidado y la supervisión de los mercados, también emitían edictos. Durante las últimas etapas de la república, estos edictos pretorianos y magisteriales se convirtieron en un instrumento de reforma legal, y las leges dejaron de ser una fuente importante de derecho privado.
El sistema procesal romano otorgaba al magistrado grandes poderes para proporcionar o rechazar recursos judiciales, así como para determinar la forma que debían adoptar dichos recursos. El resultado de este sistema magisterial fue el desarrollo del ius honorarium, un nuevo cuerpo de normas que existía junto al derecho civil, y que a menudo lo sustituía. Los edicta siguieron siendo una fuente de derecho hasta aproximadamente el año 131 d.C., cuando el emperador Adriano encargó su reorganización y consolidación y declaró que el conjunto de leyes resultante era inalterable, excepto por el propio emperador.
Estatua de mármol blanco del emperador romano Adriano, procedente de una excavación en Sagalassos, en el suroeste de Turquía.
Un tercer tipo de ley escrita era el senatus consulta, o resoluciones del senado romano. Aunque estas sugerencias a los distintos magistrados no tenían fuerza legislativa durante la república, se les podía dar fuerza mediante los edictos de los magistrados. A principios del imperio, a medida que el poder de las asambleas disminuía y la posición del emperador aumentaba, los senatus consulta se convirtieron en resoluciones que refrendaban las propuestas del emperador. A medida que la aprobación del Senado se hacía cada vez más automática, las propuestas del emperador se convirtieron en el verdadero instrumento de poder. En consecuencia, los emperadores dejaron de remitir propuestas al Senado y, no mucho después de la primera época imperial, se puso fin a la práctica de legislar a través del Senado.
Un cuarto tipo de ley escrita consistía en las constitutiones principum, que eran, en efecto, expresiones del poder legislativo del emperador. A mediados del siglo II d.C., el emperador era, esencialmente, el único creador de la ley. Las principales formas de legislación imperial eran los edictos o proclamas; las instrucciones a los subordinados, especialmente a los gobernadores provinciales; las respuestas escritas a los funcionarios u otras personas que consultaban al emperador; y las decisiones del emperador en calidad de juez.
El último tipo de ley escrita era la responsa prudentium, o respuestas a cuestiones jurídicas dadas por los letrados a quienes les consultaban. Aunque el derecho, escrito y no escrito, era originalmente un monopolio bastante secreto del colegio de pontífices, o sacerdotes, a principios del siglo III a.C. se había desarrollado una clase reconocible de asesores legales, juris consulti o prudentes. Estos asesores jurídicos no eran profesionales como tales, sino hombres de rango que buscaban la popularidad y el ascenso en sus carreras públicas dando asesoramiento jurídico gratuito. Interpretaban los estatutos y los puntos de la ley, especialmente el derecho no escrito, asesoraban al pretor sobre el contenido de su edicto y asistían a las partes y a los jueces en los litigios. Augusto facultó a ciertos juristas para dar responsa con la autoridad del emperador; esto aumentó su prestigio, pero la práctica decayó ya en el año 200 d.C.