Editorial-El Grupo Tavistock ha invitado a comentar su documento sobre los principios éticos compartidos.1 Me gustaría cuestionar su primer principio principal: que la atención sanitaria es un derecho humano.
Un derecho humano es un derecho moral de suma importancia aplicable a todo ser humano. Hay varias razones por las que la asistencia sanitaria no debería considerarse un derecho humano.
En primer lugar, la asistencia sanitaria es difícil de definir. Abarca claramente la atención preventiva (por ejemplo, la inmunización), las medidas de salud pública, la promoción de la salud y el tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades establecidas. ¿El llamado derecho humano a la asistencia sanitaria es un derecho al suministro básico de agua potable y alimentos adecuados, o todos los habitantes del mundo tienen derecho al trasplante de órganos, a la cirugía estética, al tratamiento de la infertilidad y a la medicina más cara? Para que algo cuente como un derecho humano, el requisito mínimo debería ser, sin duda, que el derecho en cuestión pueda definirse.
En segundo lugar, todos los derechos que posee un individuo implican un deber por parte de los demás. Así, el derecho a un juicio justo impone a la autoridad fiscal el deber de ser justo. ¿En quién recae el deber de proporcionar asistencia sanitaria a todos los ciudadanos del mundo? ¿Es un deber de los médicos individuales, o de las autoridades hospitalarias, o de los gobiernos, o sólo de los gobiernos ricos? Es difícil ver cómo se puede calificar de derecho humano cualquier prestación (en contraposición a un derecho legal) cuando el cumplimiento de tal requisito impondría una carga intolerable a los demás.
En tercer lugar, la base filosófica de todos los derechos humanos siempre ha sido inestable. El liberalismo y el humanismo, las filosofías dominantes de las democracias occidentales, requieren derechos humanos. La religión requiere un Dios, pero esto no es en sí mismo una prueba de la existencia de Dios. La mayoría de la gente puede ver alguna ventaja en mantener el concepto de derechos civiles y políticos, pero es difícil encontrar alguna base racional o utilitaria para considerar la asistencia sanitaria de la misma manera.
Proponer que la asistencia sanitaria se considere un derecho humano no sólo es un error, sino que es inútil. El debate maduro sobre el racionamiento y el reparto de recursos limitados difícilmente puede tener lugar cuando los ciudadanos parten de la premisa de que la asistencia sanitaria es su derecho, como un juicio justo o el derecho al voto. Sospecho que los defensores de esta idea piensan que reivindicar la asistencia sanitaria como un derecho humano añade algún tipo de peso o autoridad a la idea de que la asistencia sanitaria, y por extensión los profesionales sanitarios, son importantes. Un enfoque más humilde conseguiría más a largo plazo.