Pueblos indígenas en Guatemala
Guatemala alberga 24 grupos étnicos. Aunque el Gobierno de Guatemala ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas del país siguen enfrentándose a una serie de retos, especialmente en lo que respecta a la participación política, la salud, el empleo, los ingresos, la vivienda y la educación.
Pueblos indígenas en Guatemala
Se estima que Guatemala tiene 6 millones de habitantes indígenas. El censo oficial de 2002 estima que el 45% de la población es indígena, pero informes alternativos indican una cifra más cercana al 60%.
Los principales grupos étnicos son los achi’, los akateco, los awakateco, los chalchiteco, los ch’orti’, los chuj, los itza’, los ixil, los jacalteco, los kaqchikel, los k’iche’, los Mam, los Mopan, los Poqomam, los Poqomchi’, los Q’anjob’al, los Q’eqchi’, los Sakapulteco, los Sipakapense, los Tektiteko, los Tz’utujil, los Uspanteko, los Xinka y los Garífuna.
El país aún carece de una base estadística diferenciada sobre los pueblos indígenas, especialmente sobre las mujeres indígenas, pero es sabido que existen disparidades entre la población indígena y la no indígena en materia de empleo, ingresos, salud y educación.
Las estadísticas demuestran claramente la persistencia del racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas. A pesar de representar más de la mitad de la población y participar activamente en la economía del país, su participación política no se ve reflejada de forma equitativa.
Principales retos de los pueblos indígenas de Guatemala
Una de las principales luchas de los pueblos indígenas en Guatemala está relacionada con la participación política. El sistema electoral está definido por la exclusión de los pueblos indígenas, y éstos participan principalmente como votantes, más que como candidatos con verdaderas posibilidades de ser elegidos.
Respecto a la salud, el empleo, los ingresos, la vivienda y la educación, existe una gran disparidad entre los pueblos indígenas y el resto de la población. Los datos oficiales indican que la pobreza extrema afecta al 21,8% de la población indígena, frente al 7,4% de la población no indígena. A pesar de la magnitud del problema, el Estado no ha desarrollado ninguna estrategia específica para cambiar este estado de cosas.
Otro desafío para los pueblos indígenas de Guatemala está relacionado con la ausencia de una ley de aguas. El uso, la gestión y la conservación del agua no están regulados oficialmente, y varias empresas privadas se aprovechan de ello al no pagar por su uso del agua, ni contribuir a su conservación, y sin asumir ninguna responsabilidad por la contaminación causada por los vertidos de residuos. La mayoría de las zonas de recarga de aguas subterráneas se encuentran en territorios indígenas, y los pueblos indígenas afectados no reciben ningún apoyo del Estado ni de los usuarios del agua para proteger los acuíferos. Varias comunidades han exigido que el Estado inicie una amplia discusión para elaborar una ley de aguas, pero aún no han sido atendidas.
Después de amparar provisionalmente a las comunidades del pueblo q’eqchi al oponerse a la construcción de dos proyectos hidroeléctricos con financiamiento internacional en su territorio, la Corte Constitucional finalmente emitió una sentencia definitiva que aprueba la continuación de los proyectos y obliga al Gobierno a formular y aprobar un reglamento para normalizar la realización de consultas comunitarias. Las organizaciones indígenas y sociales manifestaron su oposición. Esta sentencia vulnera los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT y las propias leyes del país porque las consultas comunitarias no requieren de ningún reglamento y deben realizarse según los mecanismos de los pueblos indígenas.
Potenciales avances para los pueblos indígenas de Guatemala
En 2016, 34 años después de cometer los delitos, un grupo de oficiales del ejército fueron condenados a 120 y 240 años de prisión por violar a15 mujeres mayas q’eqchi y obligarlas a la esclavitud sexual. El caso sienta un precedente a nivel mundial, ya que es la primera vez que un delito de abuso sexual durante un conflicto armado es juzgado en el mismo país donde se cometió. Sin embargo, otros casos de crímenes cometidos por los militares contra la población indígena durante el conflicto armado interno permanecen en la impunidad.